Hay una diferencia que puede parecer pequeña, pero que cambia por completo la manera de pensar una política pública: que una prestación exista no significa necesariamente que una persona pueda acceder a ella.

Esa diferencia apareció con claridad en Corrientes durante el componente NEA de Acción en VIH: Mejorando la calidad de vida de las personas con VIH. Entre el 1 y el 9 de junio, la estrategia recorrió Corrientes Capital y Goya como parte de un proceso que también incluyó actividades en Resistencia y Posadas. En total, las diez actividades presenciales del NEA registraron 664 asistencias correspondientes a 619 personas únicas.

Pero detrás de esos números hubo algo más importante: la posibilidad de poner en una misma conversación a equipos de salud, organismos públicos, universidades, organizaciones comunitarias y personas que viven con VIH para mirar cómo funciona la respuesta sanitaria en la vida cotidiana.

Corrientes fue uno de los territorios donde esa articulación mostró mayor desarrollo. La experiencia previa entre la Dirección General de Epidemiología, el Programa Provincial de VIH, el Laboratorio Central, la Dirección de Diversidad y organizaciones comunitarias permitió combinar capacitación, identificación de barreras y acompañamiento. En la capital provincial se registraron 144 asistencias y en Goya otras 269.

La capacitación no se limitó a actualizar conocimientos clínicos. Los equipos trabajaron sobre prevención combinada, diagnóstico, tratamiento, PrEP y PEP, pero también sobre derechos, confidencialidad, barreras de acceso, impacto psicoemocional, adherencia y experiencia de las personas que viven con VIH.

Ese cruce fue fundamental porque muchas de las dificultades que aparecieron no estaban relacionadas con la inexistencia de una herramienta sanitaria, sino con la manera en que esa herramienta llega —o no llega— a las personas.

Uno de los ejemplos señalados en Corrientes fue el espacio destinado al retiro de medicación. La existencia de una ventanilla ubicada en un corredor podía convertirse en una barrera para la privacidad. También aparecieron demoras para obtener turnos y realizar estudios, circuitos administrativos complejos y una promoción del testeo que no siempre se sostenía en el territorio.

Son situaciones que pueden parecer menores desde la lógica administrativa. Para una persona que vive con VIH, sin embargo, pueden tener consecuencias concretas sobre su vínculo con el sistema de salud.

La confidencialidad, por ejemplo, no depende solamente de que un profesional conozca y respete el secreto médico. También se construye en la arquitectura de un servicio, en cómo se llaman las personas, dónde esperan, qué aparece en un registro, quién puede escuchar una conversación y qué información circula entre distintas áreas.

Por eso, uno de los aprendizajes del componente NEA fue que proteger la confidencialidad requiere revisar simultáneamente la infraestructura, los procedimientos administrativos, los sistemas de registro y las formas de comunicación con las personas usuarias.

La misma lógica aparece cuando se habla de prevención.

PrEP, PEP, testeo oportuno y otras herramientas de prevención combinada pueden estar contempladas dentro de las políticas sanitarias. Pero para que formen parte de la vida de las personas tienen que existir circuitos claros, equipos capacitados, información accesible y posibilidades concretas de utilizarlas.

En Corrientes, justamente, se identificó como prioridad continuar fortaleciendo la descentralización del testeo, el acceso a PEP y la implementación de PrEP.

La experiencia también mostró por qué la participación de las personas que viven con VIH no puede ser considerada solamente una instancia de consulta.

Durante las actividades, sus experiencias permitieron poner sobre la mesa situaciones que difícilmente aparecen en una planilla administrativa: el temor a que se conozca un diagnóstico, las dificultades para atravesar determinados circuitos, la experiencia de atención y los efectos que tienen las prácticas institucionales sobre la continuidad de los cuidados.

El informe del componente señala que incorporar esta perspectiva permitió comprender cómo el estigma, el miedo al juicio, la falta de información, la exposición de la confidencialidad y determinados estilos de atención pueden afectar la permanencia en el sistema de salud.

Ese conocimiento también modifica la conversación sobre adherencia.

Sostener un tratamiento no depende únicamente de la voluntad individual. Hay condiciones institucionales, emocionales, sociales y comunitarias que pueden facilitar o dificultar la continuidad. Cuando conseguir un turno implica múltiples pasos, cuando una persona teme ser reconocida al retirar su medicación o cuando la comunicación con un servicio resulta poco clara, el problema deja de ser exclusivamente individual.

La respuesta necesita entonces mirar también aquello que sucede alrededor de la consulta.

Y allí aparece una de las experiencias que pueden tener mayor continuidad después del recorrido territorial: los grupos de pares.

En Corrientes Capital comenzaron a consolidarse encuentros presenciales quincenales en el Laboratorio Central, de dos horas de duración, orientados al acompañamiento entre pares, el fortalecimiento de la adherencia, el conocimiento de derechos, el empoderamiento comunitario y la vinculación con los servicios de salud.

La propuesta no busca sustituir al sistema sanitario. Al contrario: el informe destaca que los grupos de pares son una estrategia complementaria que puede aportar escucha, orientación, acompañamiento, promoción de derechos y revinculación con los servicios, sin reemplazar las responsabilidades del Estado ni de los equipos de salud.

Esa distinción es importante.

El acompañamiento comunitario no debería utilizarse para compensar aquello que el sistema público no garantiza. Su valor está en sumar otra dimensión a la respuesta: la posibilidad de conversar con alguien que conoce experiencias similares, compartir información, formular preguntas, comprender derechos y encontrar herramientas para transitar situaciones que muchas veces resultan difíciles de explicar dentro de una consulta.

La experiencia de Corrientes también dejó una agenda más amplia. El desafío no pasa solamente por capacitar profesionales una vez, sino por sostener la actualización, mejorar los circuitos de atención, fortalecer la atención primaria, revisar los mecanismos de confidencialidad y establecer formas de articulación que no dependan exclusivamente de las personas que ocupan determinados cargos.

Ese último punto es especialmente relevante para cualquier política pública que aspire a durar.

Una articulación puede comenzar gracias al compromiso de determinadas personas, pero para convertirse en política necesita mecanismos que permitan sostenerla cuando cambian los funcionarios, los equipos o las estructuras de gestión. El informe identifica precisamente la necesidad de avanzar hacia acuerdos formales y vínculos institucionales sostenidos.

Corrientes deja así una enseñanza que excede a la propia provincia.

La respuesta al vih necesita ciencia y medicamentos, pero también necesita organización. Necesita profesionales capacitados, pero también necesita escuchar a quienes utilizan los servicios. Necesita prevención, pero también circuitos que permitan acceder a ella. Necesita tratamiento, pero también condiciones que hagan posible sostenerlo.

Y necesita comunidad.

Porque cuando los equipos de salud, las instituciones y las personas que viven con VIH pueden mirar juntos las mismas barreras, algunas cuestiones que parecían problemas individuales empiezan a aparecer como lo que realmente son: problemas de la respuesta pública que pueden ser identificados, discutidos y transformados.

En Corrientes, el recorrido territorial no terminó con una jornada de capacitación. Dejó una agenda de trabajo, abrió espacios de acompañamiento y conectó la experiencia presencial con la formación virtual. En el conjunto del NEA, 102 personas que habían participado de las actividades presenciales continuaron luego en el curso virtual, mientras que la convocatoria regional llevó las inscripciones del componente a 582 participantes.

El desafío ahora es que ese conocimiento siga circulando.

Porque una respuesta al vih verdaderamente accesible no se mide solamente por cuántas prestaciones están disponibles. También se mide por algo mucho más cotidiano: si una persona puede llegar a ellas, utilizarlas con privacidad, recibir información clara, ser tratada con dignidad y encontrar acompañamiento cuando lo necesita.

Y esa es, quizás, una de las preguntas que el territorio empieza a devolverle a la política pública: no solamente qué tenemos para ofrecer, sino qué tenemos que cambiar para que ese derecho pueda ser ejercido.