Hay momentos en los que la diferencia entre una política pública disponible y una política pública accesible puede medirse en horas.

La profilaxis posexposición al VIH —PEP— es uno de ellos. Se trata de una herramienta de prevención que debe iniciarse lo antes posible y dentro de las 72 horas posteriores a una exposición. Por eso, cuando una persona llega a una guardia solicitándola y recibe como respuesta que debe regresar al día siguiente, el problema no es solamente administrativo: puede afectar directamente la posibilidad de acceder a una estrategia de prevención en el momento en que más la necesita.

Esa situación apareció entre los testimonios recogidos durante el componente NEA de Acción en VIH: Mejorando la calidad de vida de las personas con VIH, que durante junio de 2026 desarrolló actividades en Corrientes, Chaco y Misiones. En Resistencia participaron 143 personas dentro de las diez actividades presenciales que reunieron, en todo el componente, 664 asistencias correspondientes a 619 personas únicas.

El recorrido por Chaco permitió identificar una serie de obstáculos que tienen un punto en común: no siempre alcanza con que una herramienta exista dentro de una política sanitaria. También tiene que estar disponible en el lugar adecuado, en el momento adecuado y mediante un circuito que las personas puedan transitar sin exponerse ni enfrentar barreras innecesarias.

Los testimonios recogidos señalaron dificultades vinculadas con la confidencialidad, la organización de los servicios y la disponibilidad de estrategias de prevención combinada. Entre las situaciones mencionadas aparecieron circuitos asistenciales con cartelería o ventanillas fácilmente identificables, registros nominales que podían comprometer la privacidad, demoras en la entrega de medicación y dificultades para acceder a PrEP y PEP en distintas localidades del interior provincial.

Cada una de esas situaciones puede tener un impacto diferente. Pero juntas muestran algo más profundo: el acceso a la salud también se construye en los detalles de cómo funciona una institución.

La confidencialidad no comienza ni termina en el consultorio. También depende de dónde se retira una medicación, cómo se registra una consulta, quién puede ver determinados datos o qué información queda expuesta en una sala de espera.

Para una persona que vive con VIH, esa dimensión puede ser decisiva. El temor a que otras personas conozcan su diagnóstico, a ser juzgada o a quedar expuesta puede convertirse en una barrera para iniciar o sostener la atención.

El propio componente NEA incorporó esta perspectiva como parte de la capacitación de los equipos de salud. Las jornadas combinaron actualización científica sobre prevención combinada, diagnóstico, tratamiento, PrEP y PEP con contenidos relacionados con derechos, confidencialidad, barreras de acceso, impacto psicoemocional, adherencia y experiencia de las personas que viven con VIH.

Ese cruce resulta especialmente importante porque permite mirar la respuesta sanitaria desde dos lugares al mismo tiempo: lo que el sistema ofrece y lo que una persona realmente experimenta cuando intenta utilizarlo.

En Chaco, esa diferencia también apareció en relación con el territorio.

Las dificultades para acceder a PrEP y PEP no fueron planteadas únicamente como un problema de información. Los intercambios señalaron obstáculos en distintas localidades del interior, lo que coloca sobre la mesa una cuestión central para las políticas de prevención: la distancia geográfica también puede convertirse en una desigualdad sanitaria.

Una herramienta de prevención pierde parte de su potencial si para acceder a ella una persona necesita trasladarse largas distancias, atravesar múltiples circuitos administrativos o volver varias veces a un establecimiento.

Por eso, entre las prioridades identificadas después de las actividades aparecieron la garantía de disponibilidad de PEP en las guardias y la expansión de PrEP hacia el interior provincial. También se planteó la necesidad de revisar los mecanismos de confidencialidad y fortalecer la capacidad operativa del Programa Provincial de VIH.

La situación de PEP es particularmente ilustrativa.

Una persona puede conocer que existe esta herramienta, decidir utilizarla y buscar atención dentro del plazo indicado. Pero si el establecimiento no tiene un circuito claro, si la persona es derivada a otro servicio o si se le pide que regrese al día siguiente, el conocimiento individual ya no alcanza.

La prevención necesita entonces algo más que información: necesita capacidad institucional para responder.

Ese es uno de los aprendizajes que atraviesan todo el recorrido del NEA. Las capacitaciones no fueron pensadas únicamente para actualizar contenidos científicos, sino para analizar cómo esas herramientas se incorporan a la realidad cotidiana de cada provincia. La metodología permitió relacionar los contenidos técnicos con las barreras identificadas por personas usuarias, organizaciones y profesionales y formular propuestas ajustadas a cada territorio.

En Chaco también apareció una dificultad institucional que puede parecer secundaria, pero que resulta relevante para la continuidad de una política: la coordinación.

Durante las jornadas participaron equipos de atención primaria, áreas de prevención, diversidad y otros servicios de salud. Sin embargo, no estuvieron presentes referentes del Programa Provincial de VIH. Distintos actores señalaron esa ausencia como una limitación para fortalecer la coordinación técnica y la respuesta sanitaria en el territorio. También surgieron preocupaciones sobre una estructura operativa reducida y la concentración de funciones en una única coordinación provincial.

Pocos días después de las actividades, el equipo de Acción en VIH presentó los principales hallazgos y recomendaciones al entonces ministro de Salud, Sergio Rodríguez, y a Diana Cabral. Pero el cambio de autoridades producido poco después volvió a poner en evidencia otro desafío habitual de las políticas públicas: cómo lograr que una agenda construida colectivamente pueda sostenerse cuando cambian las personas que ocupan los cargos de decisión.

La respuesta no puede depender solamente de la voluntad de una persona o de una gestión.

El informe del componente NEA plantea la necesidad de que la articulación entre ministerios, programas provinciales, hospitales, CAPS, laboratorios, universidades y organizaciones comunitarias pueda sostenerse mediante vínculos institucionales duraderos. También señala la importancia de revisar los circuitos de testeo, entrega de resultados, acceso a PrEP y PEP, provisión de medicación, turnos y estudios complementarios desde una perspectiva centrada en las personas.

En ese sentido, la experiencia chaqueña no deja solamente un listado de problemas. También aporta una agenda.

Fortalecer la prevención combinada significa garantizar que las distintas herramientas puedan utilizarse de manera articulada. Significa formar equipos, mejorar los circuitos, descentralizar cuando sea necesario y asegurar que la información pueda llegar a quienes la necesitan.

Pero también significa escuchar.

Las actividades comunitarias del NEA mostraron que cuando la información científica se combina con diálogo horizontal y acompañamiento entre pares, las personas pueden fortalecer su capacidad para ejercer derechos, tomar decisiones informadas y sostener el vínculo con los servicios de salud. Además, esos espacios permiten hacer visibles necesidades que muchas veces no aparecen en los registros administrativos.

Por eso, una de las principales contribuciones de este recorrido es haber puesto en la misma conversación a quienes diseñan, implementan y utilizan la respuesta.

En Chaco participaron 30 personas en la capacitación destinada a equipos de salud, dentro de un grupo regional de 103 participantes entre las tres provincias. Profesionales de distintas disciplinas, personal de apoyo, estudiantes y referentes con responsabilidades de conducción formaron parte de un abordaje interdisciplinario.

El desafío ahora es que esas conversaciones se conviertan en cambios verificables.

Que una persona pueda pedir PEP y obtener una respuesta dentro del tiempo necesario. Que pueda acceder a PrEP sin que vivir lejos de la capital se convierta en una barrera. Que pueda retirar su medicación preservando su privacidad. Que los equipos conozcan las herramientas disponibles. Que las instituciones tengan circuitos claros. Que los cambios de gestión no obliguen a empezar de cero.

En definitiva, que el derecho a la prevención no dependa de cuánto sabe una persona sobre el sistema, cuánto puede trasladarse o cuántas veces está dispuesta a insistir.

La experiencia de Chaco deja una pregunta que atraviesa toda la respuesta al vih: ¿qué ocurre entre el momento en que una política reconoce un derecho y el momento en que una persona consigue ejercerlo?

Es justamente en ese espacio —entre la norma y la experiencia cotidiana— donde todavía queda buena parte del trabajo por hacer.